ALGUNAS DISCUSIONES DEL MOMENTO- PRIMERA PARTE
Aunque muchas veces parezca un asunto de expertos -abogados, periodistas, empresarios u organizaciones sociales-, la legislación y las medidas que adoptan los estados para regular el funcionamiento de los medios de comunicación afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas.
¿Por qué? Simplemente porque afectan el derecho de todas las personas a recibir, buscar y difundir informaciones, opiniones y producciones culturales en general.
¿Cómo las afectan? Las afectan en la medida en que, por ejemplo, puedan -o no- disponer de medios de comunicación plurales que brinden informaciones veraces. O en la medida, en la que puedan -o no-, encontrar espacios para ejercer su derecho a la palabra pública.
Desde hace unos meses, a partir de la decisión -no efectivizada aun- del gobierno venezolano de no renovar la licencia a Radio Caracas Televisión -RCTV- para la explotación de frecuencias radioeléctricas en ese país, se encendieron algunas discusiones. Por supuesto, las “empresas periodísticas” de varios países de América Latina -entre ellas varias de las que han sabido crecer en Argentina- se han solidarizado con RCTV y han alertado sobre que tendría la medida haría peligrar la libertad de expresión en Venezuela.
En nuestro país, algunos medios -el diario Perfil entre ellos- ya empezaron a decir que las iniciativas que intentan promover la reforma de la ley de radiodifusión argentina -que lleva la firma de Jorge R. Videla- conducirían, de prosperar, a un “modelo venezolano”. O sea, según este argumento, un modelo en donde el estado podría hacer cualquier cosa con los medios de comunicación en detrimento de la libertad de prensa.
Al respecto de este debate, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias -AMARC-ALC- acaba de enviar una carta abierta sobre el caso de RCTV que propone elementos centrales para dar un debate público sobre las legislaciones sobre medios de comunicación y sobre el rol del estado en su regulación.
Argumentos contra los discursos para los que el derecho de las “empresas periodísticas” está siempre por encima del derecho de todas las personas a un sistema de medios de comunicación basado en la equidad en el acceso tanto a la recepción como a la producción de bienes comunicacionales y culturales.
Publicamos la carta a continuación. (Seguí leyendo el artículo)